La idea del “paquete social mínimo” en el debate internacional sobre protección social, no es
nueva. Existe un consenso mundial y formalizado en el marco de la Agenda 2030, sobre la
importancia de construir pisos mínimos de protección social y alcanzar una amplia cobertura. Si bien, dicho concepto se entiende como parte de un consenso general, siguen existiendo diferentes perspectivas que influyen en la manera de concebir e implementar estos niveles mínimos de protección en el ámbito nacional. Por un lado, existen los conceptos universalistas que consideran a la protección social como un derecho –tal es el caso de la normativa y doctrina de los derechos humanos y de la Iniciativa del Piso de Protección Social de las Naciones Unidas– y según los cuales la protección social es un fin último que contribuye a asegurar un nivel adecuado de garantías de salud, ingresos y acceso a servicios básicos. Por el otro, existen los conceptos de orden funcionalista que conciben a la protección social como un instrumento, cuyo papel es actuar como una “inversión social” focalizada y limitada para contener riesgos y satisfacer necesidades, operando mediante supuestos más complejos de acción para promover el desarrollo en el largo plazo.